Diputada pide declarar la Emergencia Nacional por violencia de género
El proyecto de Ley, que acompañó el bloque de la UCR, declara hasta diciembre del 2015 la Emergencia Pública Nacional por violencia de género, debido a la crítica situación de esta problemática en el país.
La diputada explicó que la iniciativa dispone cuatro ejes específicos para atender la situación, entre ellos dotar al Consejo Nacional de la Mujer de partidas presupuestarias para implementar el Plan Nacional de Acción, que ya está contemplado en la Ley 26.485, de erradicación, sanción y prevención de la violencia de género (sancionada en 2008).
También prevé otorgar una prestación dineraria mensual por el tiempo que fije la reglamentación, a la mujer o a su grupo familiar violentado y en situación de emergencia por violencia. Además, incluirla en el programa nacional de emergencia habitacional, para que prioritariamente acceda a la vivienda única, y en el caso de tenerla proveer servicio jurídico gratuito para desalojar a quien ejerce la violencia e instalar a la víctima y sus familiares.
Las otras acciones específicas dispuestas por la ley son la creación de un Registro Nacional de agresores de mujeres y niños, que deberá ser público, y la generación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de mortalidad por violencia de género, tanto nacionales como en provincias.
Critica situación
“Si bien faltan algunas leyes importantes, actualmente tenemos una legislación, entre ella la 26.485, que es muy completa, pero vemos que llevamos años sancionando leyes y la realidad no cambia o empeora, por lo que ahora necesitamos darle al Ejecutivo facultades para que haga”, disparó la diputada nacional.
Advirtió que el Consejo Nacional de la Mujer debe funcionar con partidas presupuestarias necesarias y suficientes para implementar el Plan Nacional de Acción “que es algo que también lo dice la ley, entonces hasta cuando vamos a seguir sancionando leyes para que no se cumplan”, se preguntó.
La diputada radical contó que en La Rioja en los últimos meses fueron asesinadas, por el solo hecho de ser mujer, dos jóvenes, una calcinada, y otra por su pareja policía.
“Sin generalizar, porque sería un grave error, pero cuando el asesino es un agente de la Policía, que debe ser auxiliar de la justicia en estos casos, nos obliga a repensar qué pasa adentro de las instituciones también”, cuestionó.
Sobre el registro estadístico que dispone el proyecto de ley, Brizuela y Doria consideró: “Debe ser una obligación del Estado nacional y las provincias, porque es necesario tener el diagnostico de la realidad, para tratarla”.
“Parece –disparó- que hay miedo de asumir el tema, y por eso hoy no contamos con estadísticas oficiales de los femicidios, por ejemplo. Es como cuando uno tiene una enfermedad pero teme ir al médico, porque supone lo que le va decir”.
Sobre la vivienda única y la ayuda económica, la legisladora explicó que son elementos fundamentales ya que “muchas las mujeres violentadas dependen, casi en forma total de sus agresores, y si lo denuncian al otro día quizás no tienen para darle de comer a sus hijas o hijos, y encima tienen que seguir viviendo con su maltratador”.
“Más allá de la complejidad del tema, necesitamos que en principio no hayan limitantes de este tipo para que cualquier mujer pueda denunciar, y ésta es una ley que están pidiendo muchas organizaciones que luchan día a día, como Estado tenemos la obligación de escuchar y accionar”, concluyó.