La Corte Suprema rechazó dos planteos contra el DNU 70/23 del gobierno de Milei
En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ha desestimado dos acciones legales interpuestas contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 70/23 emitido por el gobierno encabezado por Javier Milei. Estas acciones fueron impulsadas por el gobierno de la provincia de La Rioja y por la agrupación de abogados Gente de Derecho.
El DNU 70/23 ha sido objeto de un intenso debate político y legal desde su promulgación. Este decreto, que aborda diversas cuestiones de política pública, ha sido cuestionado por varios sectores de la sociedad y por distintas jurisdicciones provinciales.
En el caso de La Rioja, la provincia había presentado una «acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional» con el objetivo de poner fin a la «incertidumbre» generada por el DNU. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que La Rioja no había presentado un caso concreto que justificara la intervención del máximo tribunal nacional. En palabras de la Corte, «la provincia no ha puesto a consideración del Tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión corresponda a los tribunales de la Nación».
Por su parte, la agrupación Gente de Derecho, encabezada por el ex presidente del Colegio Público de Abogados Jorge Rizzo, también presentó una acción legal contra el DNU. Sin embargo, la Corte determinó que ni Rizzo ni la organización que lidera tenían un interés concreto en la declaración de inconstitucionalidad del decreto. En este sentido, el tribunal argumentó que «los cuestionamientos constitucionales efectuados eran de carácter genérico, sin demostrar ni alegar fundadamente de qué manera la normativa impugnada le generaría una afectación concreta, directa e inmediata».
La resolución de la Corte Suprema asegura que el DNU 70/23 mantiene su vigencia, con excepción de los capítulos suspendidos o invalidados por otros tribunales. Este fallo tiene implicaciones significativas para el debate sobre los decretos de necesidad y urgencia en Argentina, reafirmando el principio de representatividad y especificidad en los recursos legales presentados ante el máximo tribunal del país.
