Curioso discurso oficial: existe el congelamiento pero no la inflación

El Gobierno consiguió instalar la sensación de que a la Argentina le cuesta hablar de la inflación. Pero ese dato no es real. Con la excepción de contados períodos, en los últimos 60 años la suba de precios se transformó en uno de los desequilibrios más urticantes y debatidos de la política económica. Lo diferente es que desde 2007 hasta el presente, contradecir al Indec se volvió causal de una denuncia judicial, como bien saben las consultoras que padecieron el acoso de Guillermo Moreno. Seis años más tarde, sin embargo, algo cambió. Se lanzó un congelamiento, aunque sin reconocer que su objetivo era frenar los aumentos jamás blanqueados, y se puso en marcha un control militante. El resultado de este combo promete ser tan artificial como la deflación que reinó durante la convertibilidad.

Cuando la economía comenzó a recuperarse del devastador efecto del default soberano, los precios comenzaron a subir. Había más ingreso y más empleo, pero también más capacidad ociosa de producción. Tras los primeros acuerdos de precios que Moreno gestó para Roberto Lavagna, el factor que preocupaba era que la inflación hubiera llegado a 12% anual. El paso del tiempo puso de manifiesto que esos temores eran moderados en relación a lo que vendría. Es que Néstor Kirchner ya daba pauta, por ese entonces, de sus preferencias por una economía recalentada antes de permitir que la actividad fuera enfriada artificialmente.

Aunque en todo este lapso el Indec logró procesar un costo de vida anual en torno a 10%, para el resto rigió un desdoblamiento tan polémico como el que mide la relación entre el dólar oficial y el blue.

La medición del ente estadístico se instaló como un piso, accesible solo a un segmento acotado de la población de bajos recursos. El resto se abasteció con los bienes que Moreno llama “selectivos” y “premium”, para los que había autorizaciones de entre 16% y 24% anual. El dato que quiebra la fantasía oficial es que casi dos tercios de los bienes que venden los supermercados grandes están en estas categorías, con lo cual es imposible que el argentino medio padezca una inflación que se aleje de 20%.

Lo que el Gobierno ha intentado hacer en los últimos dos años (luego de que la malograda sintonía fina derivara en un repintado con brocha gruesa), es limitar los incrementos de precios. Como se ha sostenido más de una vez en este diario, no quiere bajar la inflación, porque se volvió un combustible adictivo para financiar el creciente nivel de gasto del Estado. Solo quiere que no lime la posibilidad de que las empresas otorguen mejoras salariales en términos reales. Cuando la competitividad argentina empieza a ponerle un techo al empleo y arriesga el modelo de crecimiento con inclusión social, entonces apareció el congelamiento.

Si el Gobierno aceptó bajar de una medida de alcance casi total a una lista de apenas 500 productos, es porque es consciente del efecto que puede producir un tapón. Todavía hay memoriosos que recuerdan como dinamitan poder las salidas tipo “Rodrigazo”.

Lo preocupante es que en este contexto de inflación el discurso oficial identifica solo a un responsable: los empresarios. Como ejemplo, solo hace falta leer la historieta que procura “instruir” a los militantes del kirchnerismo que deben ejercer el control de precios. Aparece en la contratapa del cuadernillo con las listas autorizadas de cuatro cadenas minoristas. Lo distribuye Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella, como parte del universo K de “Unidos y Organizados”.
Cuando los ingresos de una persona mejoran, puede consumir más y alimentar la producción y el empleo. Pero luego el caso pinta un ejemplo negativo: “Si en lugar de aumentar la producción algunos formadores de precios cobran más caro (à) tu plata se la queda otro”. El obrero luce una cara impotente, frente a un cartel que avisa que el par de zapatillas que compró en el pasado, ahora aumentó 66%.

La palabra inflación no está mencionada, claro. Tampoco surge un indicio de los mayores costos que afrontan los industriales, ni si se dan las condiciones de mercado o financieras para que haya inversión. Para los fabricantes de calzado, el valor de la mano de obra se duplicó en los últimos cinco años, pasando a tener una incidencia de 50% sobre la producción, cuando antes era 30% y el resto lo representaban los materiales.

“La elasticidad de precios no es infinita. El mercado se mantiene pero ya no se da la inversión que hubo hasta el 2006, porque se cayeron los márgenes y la rentabilidad. El control no es una solución y la mayor oferta está atada a otras variables, como el acceso a capital de trabajo con tasas razonables y la carga tributaria, que aumentó en todos los niveles. Ni hablar de los costos del seguro, por robos en la etapa de distribución”.

El que da los ejemplos es un empresario que conoce el sector, que teme que en lugar de un interés real por controlarla, solo surja una disputa política por ver quién le pega más a los privados.

Como queda a la vista, el Estado no es ajeno a la inflación. Le da vida, la autoriza, la limita y ahora pretende congelarla. Nunca bajarla. Para eso el discurso tendría que empezar por reconocer que existe.