Desalojan un piquete antiminero
e van sumando lugares. Andalgalá, Famatina y ahora Cerro Negro, en Catamarca. El cinturón caliente de la megaminería en el norte del país volvió a convertirse ayer en el escenario de una tensión entre ambientalistas y fuerzas de seguridad. Los doce días de corte selectivo (sólo se impedía el paso de camiones vinculados a la actividad) en el acceso al yacimiento que explota la minera canadiense Bajo de La Alumbrera, se vieron interrumpidos por la llegada de 80 hombres, acompañados por la infantería y la Policía local, con una orden de desalojo. Luego de que se les pidiera abandonar la protesta, los ambientalistas, que reclaman el cumplimiento de la ley de glaciares, decidieron por cuenta propia liberar el cruce de las rutas 60 y 40, pero al cierre de esta edición intentaban mantener el campamento al costado del camino.
“Llegaron patotas, la Policía de la provincia y la infantería –expresaron en un comunicado– y hacemos responsable por nuestra integridad a los gobiernos local, provincial y nacional”.
“Cuando hacen algo así es porque por lo general necesitan hacer pasar un camión especial, como con explosivos”, explicó desde el lugar, el asambleísta Darío Moreno. “Nos obligaron a movernos y aceptamos porque nuestras manifestaciones son pacíficas”, expresó. Según denunciaron los manifestantes, el Gobierno provincial habría” apurado a la fiscal Silvia Alvarez para que librara la orden de desalojo”.
El hecho se produjo en un día especial y en la misma semana en que un juez de La Rioja ordenó suspender el contrato entre la minera Osisko y el gobierno local para la explotación del cordón del Cerro Famatina.
Pocas horas antes del desalojo, por la mañana, en Buenos Aires, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, acompañado por legisladores y organizaciones civiles, presentó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría General de la Nación un pedido para que cesen los casos de criminalización de la protesta social, vinculados a conflictos territoriales de todo tipo, incluidos los relacionados con la minería.
El texto presentado a la Corte, que hace diez días se pronunció contra la Barrick Gold y a favor del cumplimiento de la Ley de Glaciares, solicitó “tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a proteger la salud y la vida de los habitantes de las comunidades y cumplen con su obligación de defender al ambiente y la Naturaleza”.