El Gobierno quiere llevar a los jueces a “revisión”

Cristina Kirchner dio la señal de largada y sus escuderos más fieles salieron a colocar el listón lo más alto posible. Indignada por el fallo que absolvió a todos los acusados por la desaparición de Marita Verón, la Presidenta habló el miércoles de la necesidad de “democratizar la Justicia” y de que exista un “control republicano” sobre los jueces.

Ayer, el senador Marcelo Fuentes, representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, avanzó en algunas precisiones de lo que pretende el kirchnerismo de paladar negro. Habló de la implementación del juicio por jurado, la limitación periódica de los magistrados y hasta sugirió que “las actuaciones de los juece s deberían estar sujetas a revisión por parte del Consejo”. Dijo que los jueces son los únicos que “no son votados por la gente”.

Fuentes no dio mayores precisiones sobre qué significaría esa “revisión” por parte del organismo en sus declaraciones a la agencia oficial Télam. Tampoco respondió a los llamados de este diario. Pero la Ley 24.937 que reglamentó el Consejo establece como única instancia semejante su Comisión de Disciplina, que puede imponer sanciones por inconducta o incumplimientos procesales, pero estipula explícitamente que “queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias”.

“El conflicto con Clarín por la ley de medios y la sentencia en el juicio por Marita Verón pone en el eje del debate la Justicia que tenemos y la Justicia que queremos como sociedad”, vinculó Fuentes el caso que conmocionó a la sociedad con la causa que monopoliza las preocupaciones del Gobierno.

“El juicio por jurado es una deuda pendiente, pero no alcanza. Es necesario avanzar hacia períodos de mandatos y debatir la elección popular de los jueces”, insistió la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados, Diana Conti, ferviente promotora de una reforma de la Carta Magna que habilite la re-reelección.

Precisamente uno de los juristas que lidera el Movimiento por una Reforma Constitucional que cuenta con el aval de la Casa Rosada, Eduardo Barcesat, aseguró ayer que una nueva Carta Magna debería incluir la elección de los jueces de la Corte Suprema por voto popular y que los magistrados “tengan que renovar su cargo cada siete u ocho año s ante un Consejo de la Magistratura integrado por representantes del pueblo”.

“Es central que la Justicia entienda que no puede seguir viviendo fuera del contexto social. Tiene que dejar de pensar sólo en sí misma y de escuchar a las grandes corporaciones”, agregó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Estas exteriorizaciones de osadas reformas parecen, al menos por ahora, un globo de ensayo. Una alta fuente de la Casa Rosada confió a Clarín que la única de estas ideas que podría cuajar en el corto plazo es el demorado juicio por jurado, incorporado en la reforma constitucional de 1994 pero nunca implementado y con el que la oposición viene insistiendo en los últimos años. “Para el resto de las reformas, no existe ningún proyecto concreto y ni siquiera hay plafón para avanzar”, se sinceró. “Lo importante es abrir el debate público para lograr un cambio de estilo en la Justicia. Que deje de ser tan corporativa y estar tan vinculada al poder económico”, explicó.

En Balcarce 50 entendían que la indignación generalizada que despertó el fallo del caso de Marita Verón, abrió una oportunidad para enlazarla con la bronca ciudadana con los jueces que liberan convictos con celeridad y el malestar del gobierno con los magistrados que fallaron en contra por la ley de medios. Un paquete que la Presidenta utilizó para redoblar sus embates contra la Justicia y hacerse de una nueva bandera: ayer convocó a sesiones extraordinarios del Congreso para aprobar la Ley de Trata. La misma que el oficialismo había cajoneado durante el último año.