Piden 25 años de prisión para los principales acusados

El fiscal adjunto Carlos Sale sorprendió a todos al pedir duras penas para siete de los trece acusados. En la segunda jornada de alegatos, sumó los indicios y testimonios que consideró incriminatorios de los hermanos María Jesús y Víctor Rivero, y puso en orden las numerosas declaraciones de testigos –en especial las de víctimas de trata y explotación sexual–, para fundamentar su planteo.

A partir de un trabajo conjunto con el fiscal de cámara Manuel López Rougés y el resto del equipo de la fiscalía, Sale consideró a María Jesús Rivero “autora intelectual de la sustracción, retención y ocultamiento” de María de los Ángeles Verón, “agravado por ser mujer, en concurso ideal con promoción de la prostitución”. A su hermano Víctor le imputó ser el autor material, y para ambos pidió la pena máxima: 25 años de prisión.

Para los fiscales, los tucumanos Daniela Milhein y su ex marido Alejandro González –quienes mantuvieron encerrada a Marita en su casa–, y los riojanos Irma “Liliana” Medina y sus hijos Gonzalo y Fernando “Chenga” Gómez –dueños de los prostíbulos donde la esclavizaron–, fueron partícipes necesarios de los mismos delitos, por lo cual pidieron para ellos la misma pena.

Sale sostuvo que, si bien a los condenados debe aplicárseles siempre la ley que implica la pena más benigna, “las normas no se aplican según el primer renglón de una ley, y el segundo reglón de otra ley”. Y en el momento de cometerse los delitos, el artículo 142 bis del Código Penal preveía que, cuando la víctima de la privación ilegítima de la libertad era una mujer, la pena se agravaba de 10 a 25 años.

Con el mismo criterio, aunque en carácter de partícipes secundarios, la fiscalía pidió penas de 12 años y 6 meses para los riojanos María Azucena Márquez, Humberto Juan Derobertis, Carlos Luna, Mariana Bustos, Cynthia Paola Gaitán y Domingo Pascual Andrada. En el caso de este último, por ser en ese momento policía de La Rioja, entendió que los delitos fueron doblemente agravados.

Las severas penas solicitadas por los fiscales contrastaron con el conmovedor final del alegato de la acción civil: el doctor Carlos Varela Álvarez pidió “que nos traigan el dinero de Marita, lo que no le pagaron a Andrea Darrosa, a Patricia Costilla y a todas las demás víctimas de trata; que devuelvan a Marita, que nos digan dónde está; que reconozcan su responsabilidad civil; que pidan disculpas por haberla secuestrado; que paguen la suma simbólica de un peso en forma solidaria”. (Fuente: Clarin.com)